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jueves, abril 22, 2021
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Femicidio de Úrsula: el asesino debió haber estado preso, pero la burocracia judicial lo impidió

Un fiscal había pedido su detención dos veces por abusar de una nena discapacitada. El insólito motivo por el que se lo denegaron.

Cuando Matías Ezequiel Martínez (25) mató a Úrsula Bahillo (18) la impotencia fue tanta que despertó la bronca colectiva -primero- de todo Rojas, después en el resto de la sociedad. Las denuncias previas, los pedidos que no se atendieron y el historial de violencia del oficial de la Bonaerense fueron el combustible de la bronca.

¿Cuántos alertas se desatendieron? ¿Cuánto antes se podría lo podría haber detenido? Lo cierto es que, por una denuncia previa, Martínez tendría que haber estado preso. Por una decisión burocrática de la Justicia de Mercedes evadió la cárcel, regresó a Rojas y mató a Úrsula.

Desde el comienzo de su carrera en la Fuerza, el prontuario de Martínez resultó cuestionado. Era policía desde abril de 2015 y estaba de licencia psiquiátrica desde el 8 de septiembre del 2020, una estrategia que -denuncian- había surgido para evadir la exoneración y continuar cobrando parte de su salario.

En cinco años con el uniforme de policía acumuló traslados y sanciones. Describen la suya como “una personalidad difícil”, minimizando su accionar.

Cuando Belén, su ex pareja, lo denunció por violencia y amenazas (en junio de 2017), lo notificaron de un traslado, que finalmente se concretó.

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Si me trasladan, tiro una bomba“, le advirtió por teléfono a una superior que lo notificó del cambio.

Ella, también policía, avisó de la reacción y se generó un sumario en Asuntos Internos de la Bonaerense para mayo de 2019.

Cuando llegó a 9 de Julio, su nuevo destino, conoció a otra mujer. La violencia se repitió, igual que con Belén, de la misma manera en que -más adelante- replicaría con Úrsula.

“A él lo trasladaron a 9 de Julio para cuidarlo, ahí fue cuando cometió la violación… me lo contó su mamá, que se comunicó conmigo”, denunció Belén en redes sociales.

Por esa causa es que Martínez tendría que haber estado preso.

Fue en junio de 2020 que su entonces pareja se presentó ante la Justicia para denunciar una violación. Según consta en la Fiscalía N° 2 de Mercedes, Martínez violó a la sobrina de esta joven, una nena con discapacidad. Tres meses después estaba de regreso en Rojas y pidiendo una licencia psiquiátrica.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que, por la pandemia de coronavirus, las pericias se demoraron, “aunque la causa avanzó con otras medidas de prueba”, indicaron.

Recién en diciembre la niña logró declarar y ratificar su calvario. Martínez estaba acusado de abuso sexual agravado en el Poder Judicial de Mercedes.

El fiscal Sebastián Villalba solicitó su detención el 7 de enero, un mes antes de que asesinara a Úrsula. Sin embargo, Facundo Guillermo Oliva, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, estaba de vacaciones.

El pedido de Villalba recayó en su reemplazo, Marcelo Enrique Romero, a cargo del Juzgado de Garantías N° 1, que se excusó de resolver el pedido de detención por encontrarse en feria judicial y no haber sido él el magistrado natural de la causa.

Pero los pedidos no terminaron ahí: finalizada la la feria judicial, Villalba reiteró el pedido de detención. Martínez tuvo otra oportunidad para terminar en la cárcel y de esa manera, podría haberse evitado el femicidio. Esa solicitud nunca se resolvió: cuatro días después, el agente de la Bonaerense mató a Úrsula Bahillo de al menos 15 puñaladas y después intentó quitarse la vida.

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En todas estas instancias, Martínez estuvo a punto de ser desafectado de la Bonaerense, algo que tampoco se concretó a pesar de su historial.

Recién después de la denuncia por abuso sexual agravado le aplicaron la suspensión, lo restringieron a la realización tareas administrativas y le sacaron el arma reglamentaria. Esa situación la evadió con la licencia médica.

Más tarde, llegaron las denuncias de Úrsula. Y ni siquiera estos antecedentes alcanzaron para que la Justicia de Junín ordenara medidas de protección para ella.

El 28 de enero, Patricia Nasutti (52), la mamá de la chica asesinada, había denunciado a Martínez por amenaza y desobediencia, tras romper las restricciones de acercamiento.

Ese expediente cayó en manos del fiscal Sergio Terrón, de la Fiscalía N° 5 de Junín, el mismo que ahora tiene a su cargo la causa por el femicidio. También la elevación a juicio por las denuncias de Belén, desde 2017.

El 5 de febrero Úrsula reiteró las denuncias porque continuaba el hostigamiento. El mismo lunes 8 de febrero, horas antes de matar, Martínez fue citado para ser notificado de las causas que se iniciaban en su contra. Y el 18 de febrero debía presentarse a una audiencia para iniciar el juicio por los ataques a Belén.

Este miércoles, la Justicia de Garantías convalidó la imputación por femicidio con los agravantes de “alevosía” y “ensañamiento” para el policía.

Las amenazas a la familia del femicida

En medio de la indignación colectiva por la ausencia de medidas de protección a la víctima, a pesar de las reiteradas denuncias por violencia y de los antecedentes registrados en la Justicia, la bronca también alcanzó a la familia de Martínez.

A través de redes sociales acusaron a sus hermanas de encubrirlo y de negar las denuncias previas. Tanto fue así que amenazaron incendiar su casa y, según advirtieron, tuvieron que escapar por miedo a las represalias.

El femicida tiene dos hermanas mellizas de 19 años, casi la misma edad que tenía Úrsula, con quien tuvo una relación durante siete meses. Están al cuidado de su mamá, que tiene una enfermedad. Loana Martínez dijo a C5N que su hermano “va a tener pagar por lo que hizo” y agregó que su familia “no tiene nada que ver con eso”.

“Estamos muy mal. Todavía no hemos caído de todo lo que está pasando. La familia está mal porque lo que pasó fue algo muy feo con Úrsula. Tuvimos que irnos de mi casa por amenazas. Somos víctimas y lo sentimos. Lo que hizo mi hermano, nadie lo defiende y lo va tener que pagar”, insistió.

También reconoció que sabía que su hermano tenía una restricción de acercamiento y denuncias previas, aunque negó haber visto situaciones de violencia entre ellos. “Yo en mi casa nunca vi algo violento, verbal o físico. Nunca vi nada”, expresó.

Preocupadas por la violencia que generó el femicidio, contó que se tuvieron que mudar por las amenazas. “Yo estoy igual que todos. Estamos en shock. Mi hermano no mataba una mosca, aunque sabíamos que tenía denuncia”, reconoció. Como en la mayoría de los casos de violencia de género, las agresiones ocurren en el ámbito privado para que el agresor pueda asegurarse impunidad.

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